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| Nelson Merentes |
La investigación del Grupo Antiblanqueo
de Andorra evidencia que dos asesores del ministro de Economía y Finanzas para
2004, Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central de Venezuela (BCV),
transfirieron grandes sumas a la cuenta del ex jefe de la División contra Drogas
del Cicpc, Norman Puerta Valera, quien tiene registro policial por tráfico de
heroína.
La Justicia de Andorra detuvo al comisario
Puerta Valera el 7 de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de
blanqueo de dinero procedente del narcotráfico” y desde entonces se investiga
la estrecha relación entre Venezuela y el paraíso fiscal que constituyó la Banca Privada de
Andorra (BPA).
Este caso
de blanqueo de capitales dio pie al reportaje elaborado por el Consorcio
Iberoamericano de Periodistas de Investigación (CIPI) el cual hoy Correo del
Caroní publica en simultáneo con un grupo de medios del hemisferio con otros
medios hermanos de Iberoamérica. Una publicación que además de celebrar el
trabajo conjunto del periodismo más allá de las fronteras, apuntala a la
formación de sociedades informadas.
■ Consorcio Iberoamericano de
Periodistas de Investigación, CIPI
Los miles
de millones de dólares que encendieron el alerta internacional por presunta
corrupción en la estatal Petróleos de Venezuela (PDVSA), no eran lo único que
se lavaba en la Banca
Privada de Andorra (BPA). Funcionarios vinculados a otros
ministerios e instituciones del Estado venezolano desfilaron por las oficinas
que instaló el banco andorrano en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco (CCCT) en
el este de Caracas. Utilizaron esa entidad y su filial en Panamá para legitimar
grandes cantidades de dinero producto de operaciones sospechosas, según revelan
documentos oficiales de la
Policía de Andorra, entre 2010 y 2012.
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| Norman Danilo Puerta Valera |
La
detención del comisario Norman Danilo Puerta Valera, exjefe de la División Contra
Drogas de la policía científica de Venezuela (CICPC, entre 2004 y 2007) fue el
escándalo que develó la estrecha relación entre Venezuela y la BPA. Lo aprehendieron el 7
de junio de 2010 por “la presunta comisión del delito de blanqueo de dinero
procedente del narcotráfico”, reza el expediente enviado por la Justicia de Andorra a la Fiscalía de Venezuela ese
mismo año.
Puerta
Valera tenía una cuenta en la BPA
con de 1.446.992 dólares americanos, que abrió en 2006 en una oficina instalada
en Caracas. Nunca declaró que era un funcionario policial de alta jerarquía,
pues eso lo convertía inmediatamente en una Persona Expuesta Políticamente
(gente cuyas cuentas y transacciones deben ser vigiladas con atención). El
único documento que consignó fue un carnet de membresía de la Asociación de Ganaderos
del Distrito Mauroa del estado Falcón. En un video publicado el 17 de julio de
2012 en Youtube, el ex policía relata cómo fue captado por el español Xavier
Mayol González, directivo de la BPA
que abrió la oficina de Venezuela, y por una de las representantes de la
entidad en el país, la venezolana Mariela Milagros Prieto González.
Norman
Danilo Puerta Valera, el ex comisario antidrogas venezolano detenido en Andorra con una cuenta
equivalente a $ 1,4 millones e investigado por lavado
La
documentación del Grupo Antiblanqueo del Principado de Andorra tiene más de 150
folios con declaraciones de los sospechosos y las actuaciones de fiscales y
jueces desde 2007 hasta 2010. También se incluyen las actas de los
interrogatorios a Puerta, en las que involucra a dos funcionarios de un
despacho gubernamental: Tulio Antonio Hernández Fernández y Gabriel Ignacio Gil
Yánez, quienes fungían o se presentaban como “asesores del ministro de Economía
y Finanzas”, según consta en las copias de los pasaportes diplomáticos
consignados ante BPA y a los que se tuvo acceso.
Danilo
Puerta
El
contenido de la investigación —denominada por las autoridades de Andorra como
Operaciò Cru (Operación Crudo)— confirma en buena parte lo expresado por la Unidad Contra el
Crimen Financiero del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos (Fincen en
siglas en inglés): la red de lavado de dinero en la que participaban
funcionarios venezolanos de alto rango contó con la complicidad de agentes y
empleados de BPA para desviar grandes sumas de dinero y esconderlas en el
paraíso fiscal. Así lo reseña el informe preliminar del Fincen publicado el 10
de marzo de 2015.
Salvoconducto
de lujo
Los
pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil Yánez fueron emitidos el
30 de diciembre de 2004 por la
Cancillería venezolana. Para esa fecha, la cartera de Economía
y Finanzas estaba en manos de Nelson Merentes, hoy presidente del Banco Central
de Venezuela (BCV). Hernández había sido condenado por la justicia venezolana
por tráfico de heroína en el año 2000, mientras que Gil Yánez estuvo preso en
2010 por intento de robo de una aeronave.
GacetaEditada2
Un
funcionario de la
Cancillería venezolana, que pidió no ser identificado, contó
que durante el gobierno de Hugo Chávez (1999-2013) se hizo frecuente la emisión
de pasaportes diplomáticos para asesores de ministros. “Estas solicitudes
generalmente llegaban a la
Cancillería desde Miraflores (sede del Ejecutivo), de la Secretaría de la Presidencia. Estos
documentos se aprobaban porque era una orden del Presidente de la República, y así dice el
Reglamento de Pasaportes”, indicó.
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| Damian Prat |
Las
columnas de Damián Prat sobre el caso Andorra
Desde
que, en marzo, estalló el escándalo de manejo y blanqueo de capital en el BPA
de Andorra, caso en el que hay venezolanos involucrados, Damián Prat ha
analizado el tema en su columna,Público & Confidencial.
La
insistencia de Prat radica no solo en el hecho en sí, sino en el silencio
gubernamental en torno de los venezolanos involucrados en el escándalo.
Lea los
escritos aquí:
■ Los “hombres nuevos
antiimperialistas” entre escándalos de corrupción bancaria en Europa (del 10 de
marzo de 2015)
■ ¿No van a explicar al país lo de
la “lavadora” de $? (del 16 de marzo de 2015)
■ Se hacen los “ciegos, sordos y
mudos” con lo de la “lavadora” que los embarra (del 19 de marzo de 2015)
La Dirección de Inmunidades y Privilegios del
Ministerio de Relaciones Exteriores de Venezuela es la dependencia que autoriza
la emisión de pasaportes diplomáticos. El decreto que regula la emisión de
estos documentos en Venezuela está vigente desde 1974.
La figura
de “asesor de ministro” no aparece entre los 12 cargos o funciones que tienen
derecho a recibir un pasaporte diplomático. Sin embargo, el Reglamento de
Pasaportes faculta al despacho de
Relaciones Exteriores a otorgar pasaportes diplomáticos a otras personas
“cuando así lo ordene el Presidente de la República”.
Algunos
ministerios también comenzaron a solicitar pasaportes directamente a la Cancillería, dijo el
funcionario. “Pero en estos casos se consultaba con el ministro o viceministro
(de Relaciones Exteriores). Si ellos los autorizaban, se emitían”. Alí
Rodríguez Araque era el ministro de ese despacho para la fecha, mientras que el
general Arévalo Enrique Méndez ocupaba el viceministerio.
Un
allegado a Hernández y Gil confirmó que los pasaportes habían sido tramitados a
través de la Secretaría
de la Presidencia,
que para ese entonces estaba a cargo del coronel del ejército Manuel Barroso.
“En esa
época se otorgaron pasaportes diplomáticos a varios asesores de ministros. Por
ejemplo, recuerdo el ministerio de Finanzas”, precisó el funcionario.
El
narcotraficante colombiano Farid Feris Domínguez, alias “El Médico”, también
tenía en su poder un pasaporte diplomático que lo acreditaba como asesor del
ministro de Finanzas, cuando fue detenido en Venezuela el 22 de septiembre de
2006. En una entrevista realizada por el periodista Gerardo Reyes, en el Nuevo
Herald (14/01/07), el capo aclaró que nunca conoció al ministro Merentes, pero
sí dijo que era amigo del comisario Marcos Chávez, director de la policía científica
de Venezuela.
Un
“asesor” que traficaba heroína
Tulio
Antonio Hernández Fernández nació en Barquisimeto, estado Lara, tiene 48 años y
aparece registrado en el Consejo Nacional Electoral (CNE) como votante en esa
ciudad. La última vez que cotizó en el Instituto Venezolano de Seguros Sociales
(IVSS) fue en 1990, como trabajador de la antigua Embotelladora de Refrescos
Marbel, ubicada en la vieja carretera Barquisimeto-Yaritagua, también en el
estado Lara.
Tulio
Antonio Hernández Fernández
Su nombre
aparece en la investigación de la
Policía d’Andorra y el Grup de Delinqüenciència Organizada i
Blanqueig como uno de los supuestos funcionarios del Gobierno venezolano que
transfería grandes sumas de dinero a varias cuentas abiertas en la sucursal de
Banca Privada D’Andorra (BPA) en el principado.
Al menos
dos de estas cuentas en BPA estaban registradas a nombre del comisario Norman
Danilo Puerta Valera, quien estuvo detenido en Andorra en dos ocasiones por
esta investigación sobre presunto lavado. Puerta declaró ante las autoridades
que el saldo de 1,4 millones de dólares provenía de transacciones por la venta
de ganado en Venezuela, sus prestaciones sociales (aunque para la fecha no
había sido jubilado) y una deuda que contrajo.
Una
fuente de la investigación en Andorra reveló que Hernández Fernández y Gil
Yánez llevaban maletas —vía valija diplomática— llenas de dinero en efectivo
que repartían en distintas cuentas en la BPA. Sin embargo, el expediente de las autoridades
andorranas asegura que Hernández Fernández nunca viajó al principado. “Se
desplaza su mujer y gerente de la sociedad United Consulters de Venezuela. Este
señor abre dos cuentas denominadas Crown Investors y Central Togo. Las
sociedades son compradas a través de BPA Serveis, a un despacho en Panamá”,
precisa uno de los documentos.
Hernández
Fernández tiene antecedentes penales. En 1991 fue condenado por lesiones
intencionales graves. Fue detenido en 1999 junto a otros cuatro venezolanos en
el estado Zulia —al occidente del país— cuando la policía científica le incautó
1,4 kilos de heroína. La
Fiscalía venezolana le imputó cargos por tráfico ilícito de
sustancias estupefacientes y psicotrópicas. En el juicio admitió los hechos.
Recibió una sentencia de siete años y seis meses; pero estuvo preso solo 11
meses y 11 días. La jueza del caso, Luisa Rojas de Isea, le otorgó una “medida
cautelar” que le permitía cumplir la pena en libertad bajo un régimen de
presentación que se extendió hasta 2008.
Hernández
estaba “cumpliendo” una condena en libertad por tráfico de drogas cuando
recibió el pasaporte diplomático con el número 532/2004 que le permitía fungir
en el exterior como “asesor del ministro de Finanzas”. Desde 2002 —año del paro
petrolero contra Chávez— hasta finales de 2004, en la cartera de Finanzas
estuvo el economista Tobías Nóbrega, quien fue luego imputado por corrupción
durante su gestión por la sobrefacturación, de más de 5 millones de dólares, en
la compra por parte del Estado de dos edificios en Caracas.
El
expresidente de Venezuela, Hugo Chávez, destituyó en diciembre de 2004 a Nóbrega —casi seis
meses después de que el escándalo estallara— y en su lugar designó al
matemático Nelson Merentes. Nóbrega huyó a Portugal. En 2011 la Contraloría venezolana
lo halló responsable de peculado doloso y le impuso una sanción que le impide
ejercer cargos públicos durante 15 años.
Merentes,
entonces presidente del Banco de Desarrollo Social (BANDES), asumió el despacho
de Finanzas a partir del 7 de diciembre de 2004. Tres semanas después, la Cancillería venezolana
autorizó y emitió los pasaportes diplomáticos de Hernández Fernández y Gil
Yánez como “asesores del ministro de Finanzas”.
En el
expediente judicial llevado en Andorra también se detalla que Hernández
Fernández era cliente de BPA y representante, junto a su esposa Yajanira Dayana
Ontiveros Linares, de las empresas panameñas Alhambra Gold Holding, registrada
el 28 de marzo de 2006; y Central Togo, registrada el 14 de febrero de 2007,
según consta en los archivos de la Notaría Primera de Panamá.
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| Yajanira Dayana Ontiveros Linares |
Yajanira
Dayana Ontiveros Linares, la esposa de Hernández Fernández, viajó a Andorra
Hernández
Fernández se jactaba ante amigos y conocidos de que tenía una oficina en el
Palacio de Miraflores, sede del Ejecutivo venezolano. Tanto él como su esposa
frecuentaban el Country Club de Barquisimeto. La familia de Hernández mantiene
un perfil público en esa ciudad del occidente de Venezuela, donde su hermano,
Jorge Hernández, es dueño del equipo de baloncesto profesional Guaros de Lara y
tiene estrechos vínculos con altos funcionarios del chavismo.
En el
acta de interrogatorio —del 9 de junio de 2010— quedan registradas las
preguntas que le formuló la jueza instructora andorrana, María Àngels Moreno
Aguirre, a Norman Danilo Puerta Valera:
—¿Sabía
usted que Tulio Hernández Fernández había sido condenado por tráfico de heroína
en Venezuela?
—No lo
sabía, pero el banco debía haber sabido. Los nombres, conexiones y antecedentes
de las personas detenidas, no los demás.
—¿Cómo es
posible que siendo un comisario de policía no verificara los antecedentes de
sus interlocutores, a los cuales daba la confianza de enviar tales cantidades
de dinero en efectivo?
—No se me
ocurrió ya que eran representantes de un banco y esto les daba confianza y
respeto. El que llevaba la batuta en dicha empresa y hablaba era Gabriel Gil
Yánez y Tulio Hernández Fernández, quien estaba presente pero en un segundo
plano.
Un
testigo vinculado al caso, que accedió a declarar para este trabajo bajo condición
de anonimato, aseguró que otra empresa de Hernández Fernández, United
Consulters de Venezuela, con sede en el Centro Comercial Ciudad Tamanaco de
Caracas, CCCT, operaba como una casa de cambio ilegal: “Diputados,
gobernadores, ministros, testaferros, militares y hasta comisarios de la Policía científica
desfilaban por esa oficina con grandes sumas de dinero en bolívares. Vendían y
compraban dólares que en ocasiones enviaban a cuentas en el extranjero”.
La
oficina de Hernández tenía un problema: tenía dólares, pero se quedaba sin
existencia de bolívares. “Entonces recibía grandes sumas de dinero, a modo de
préstamos, de sus clientes. Uno de ellos fue el empresario Raúl Gorrín, quien a
su vez obtenía préstamos del Banco Canarias, gracias a su relación con el
banquero Álvaro Gorrín, a quien defendió en el caso Microstar”.
La misma
fuente, que prefirió resguardar su identidad, comentó que en una de sus
transacciones comerciales con sus clientes, United Consulters de Venezuela
emitió un cheque al abogado y empresario Raúl Gorrín por Bs. 890 millones,
equivalentes a $ 1,9 millones a la tasa de cambio oficial en 2007. Gorrín es
actualmente copropietario del canal de noticias venezolano Globovisión.
Con
pasaporte diplomático y maleta de dólares
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| Gabriel Ignacio Gil Yánez |
Gabriel
Ignacio Gil Yánez también nació en Barquisimeto y tiene 45 años. Portaba el
pasaporte diplomático número 530/2004 como asesor del entonces ministro de
Finanzas, Nelson Merentes.
En el
informe de la
Unidad Antiblanqueo de Andorra, Gil Yánez aparece como
accionista y director de la sociedad mercantil Pepperpot, creada en 1997 e
inscrita en 2009 en el Registro Mercantil 5to de Caracas. Esta compañía, con
sede en el exclusivo Centro Empresarial La Lagunita de la capital venezolana, enunciaba entre
sus servicios y actividades la construcción y remodelación de inmuebles, aunque
en la práctica actuaba como un “banco de segundo piso”, una entidad que
facilitaba transacciones y permutas en moneda extranjera.
Gabriel
Ignacio Gil Yánez
Como
trabajador de esa misma empresa, Gil cotizó en el Instituto Venezolano de
Seguros Sociales (IVSS) por última vez en enero de 2015. Esta empresa también
“tiene en marcha la construcción de 52 apartamentos en Venezuela, así como en
el proyecto de asfalto en Maturín”, según consta en la documentación.
El 3 de
marzo de 2006, Gabriel Ignacio Gil Yánez abrió una cuenta con la que adquirió
una sociedad panameña en BPA, llamada North Hilton Investment. De acuerdo con
la información obtenida por esta investigación, al principio Norman Puerta
entregaba grandes cantidades en bolívares a Gil en Venezuela, quien se
encargaba de ingresar el contravalor en euros en la cuenta en Andorra.
“Suponemos que Gil cobraba una tarifa por la gestión, pero BPA no participaba
de esta operación”, reseña el informe.
Las
autoridades de Andorra indican que ninguno de los implicados en la
investigación —Norman Danilo Puerta Valera, Tulio Antonio Hernández Fernández,
ni Gabriel Ignacio Gil Yánez— había proveído pruebas del origen lícito de los
fondos depositados en BPA.
Según la
fuente citada en la documentación, Gil manifestaba que siempre que realizaba
ingresos en la cuenta, estos eran previamente declarados en la aduana española.
Una de las transferencias que consta en ese informe es la que hizo el 25 de
octubre de 2006 por un monto de € 221.400 en efectivo a la cuenta de Puerta
Valera. Además, Santiago Roselló Piera, director ejecutivo de BPA —hoy detenido
por las autoridades— afirma en su declaración que Gil sí viajó a Andorra a firmar
documentos referentes a la apertura de su cuenta.
En
el documento de la
Unidad Antiblanqueo de Andorra se explica que debido al
elevado importe de los ingresos en efectivo —que llegó hasta 2,5 millones de
dólares—, el BPA informó a Gil Yánez y a Hernández Fernández que no podrían
continuar con estas operaciones, razón por lo que ambos acordaron enviar el
dinero a través de transferencias bancarias. “Aún así, la escasa información
que se recibe de los clientes y la opacidad con la que trabajan, ocasiona la
declaración de sospecha presentada por BPA ante las autoridades de Andorra”,
cita el informe obtenido por esta investigación.
Sin
embargo, una nota del mismo documento contra Norman Puerta Valera resalta que
Gabriel Gil Yánez nunca ha formado parte de la organización de BPA “ni directa
ni indirectamente como empleados o colaboradores y, por tanto, nunca han
recibido directrices de negocio de Banca Privada de Andorra”.
Una
fuente que accedió a hablar a esta investigación bajo condición de anonimato
afirmó: “Gabriel Gil viajaba con frecuencia a República Dominicana. Volaba
hasta allá y regresaba con maletas llenas de dólares, algunas veces hasta con
diez millones. Llegaba por el aeropuerto de Santo Domingo, en el estado Táchira
[frontera entre Venezuela y Colombia], donde conocía a un militar amigo, y
luego conducía hasta Caracas”.
Preso por
una avioneta
Gabriel
Gil tuvo que enfrentar la justicia unos años más tarde. El 4 de diciembre de
2010 fue acusado por el robo de una avioneta en el aeropuerto Óscar Machado
Zuloaga de la localidad de Charallave, a 28 kilómetros de
Caracas. Permaneció tres años detenido en la cárcel de Yare III por los delitos
de apoderamiento ilegítimo de aeronave en grado de frustración, resistencia a
la autoridad y asociación para delinquir. Quedó en libertad en 2014, después de
cumplir su condena.
Nunca
recibió la medida cautelar que solicitó en reiteradas ocasiones.
Además,
Gil Yánez fue vinculado con un militar dominicano, identificado como Jorge
Pércival De Marchena, quien era investigado por el gobierno de Estados Unidos
por tráfico de drogas, lavado de dinero y trata de personas, según un informe
de inteligencia de las Fuerzas Armadas de República Dominicana.
Una nota
publicada el 26 de octubre de 2011 en el diario dominicano Acento, sobre los
nexos comerciales de De Marchena, indicaba que Gabriel Ignacio Gil Yánez, era
“investigado en su país por lavado de dinero proveniente del tráfico
internacional drogas”.
Al
venezolano se le vinculó también con el hijo del militar Pércival. Diario
Digital, una publicación de Punta Cana, reseñó el 25 de octubre de 2011 que
Jorge Humberto Pércival Peña, hijo del capitán, estuvo negociando con Gil Yánez
la compra de un avión en España, “que utilizarían para hacer actividades
ilícitas, pero esta operación no se llevó a cabo porque Gil fue arrestado en
Venezuela por las autoridades antinarcóticos”.
Gil Yánez
registró, el 12 de marzo de 2010 en República Dominicana, una empresa llamada
Airflow Corp, según consta en los registros de la Cámara de Comercio y
Producción de Santo Domingo.
Actualmente
Gil Yánez se encuentra en la ciudad venezolana de Barquisimeto.
La
“reclutadora” de BPA en Caracas
FUENTE
Correo del Caroní
Director: David Natera Febres
