Van Gogh, autorretrato

LA CULTURA, EL CONOCIMIENTO, EL ARTE Y LA CIENCIA. (Van Gogh, autorretrato) JUAN YÁÑEZ, desde San Juan de los Morros Venezuela, les da la más cordial bienvenida...


viernes, 9 de diciembre de 2011

Luz verde para ofender


JOSÉ MAYORA |  EL UNIVERSAL

viernes 9 de diciembre de 2011  12:00 AM

                                   Desde el momento mismo en el que HCF irrumpe en la escena pública venezolana con el frustrado golpe, no lo hizo con el ánimo de tumbar a CAP, sino de destruir a la democracia y sustituirla con otro sistema. De manera que la lucha contra la corrupción, la infancia abandonada y la pobreza eran argumentos cautivantes para quienes aspiraban mejorar el sistema. Lamentablemente para ellos ese no era el objetivo del líder emergente. 

Desde ese día hasta hoy, la destrucción de la institucionalidad nacional y los ataques a la extra nacional, ha sido el norte de este proceso, el cual incluye también a los individuos, de allí la oferta de un hombre nuevo socialista, única garantía de que el socialismo del siglo XXI tendrá alguna probabilidad de éxito. 

Los paradigmas de ese nuevo gentilicio deben ser modelos vivientes que los feligreses de la revolución puedan imitar. Por eso es que el régimen necesita medios de comunicación uniformes expresando constantemente lo mismo. Estos patrones a seguir anidan, por ejemplo, en el Canal 8 modelando conductas, informando en un solo sentido, desvirtuando realidades, destruyendo ídolos, en fin, desviando el rumbo de la sociedad hacia un nuevo orden socialista que promete estabilidad, Chávez dixit. 

A través de leyes y decretos se pautara la conducta de los individuos. Venezuela y sus ciudadanos serán socialistas porque las leyes así lo dicen. Pero tal empeño es insuficiente, si no se degradan los valores humanos fundamentales como la tolerancia, albergue de la disidencia. El nuevo orden socialista acabará con todo control social que trate de contrarrestar los antivalores y las bases de la humana convivencia. Todo aquello que contribuya a descomponer la moral social, bienvenido sea. 

Desde el canal de todos los venezolanos se viene trabajando en esa destrucción moral de manera admirable, al menos de manera orquestada. Recientemente, el paradigma más esclarecido y hojilloso del nuevo hombre socialista, ofendió a un ciudadano con presencia pública aludiendo al cuestionable origen de su progenitora, dama de extensa y encomiable trayectoria en el campo cultural. Como no fue suficiente el control social para contrarrestar tal oprobio, el agraviado actuó como se debiera hacer dentro de un estado, que se ufana, de derecho: intento una acción judicial con la pretensión de restituir valores fundamentales mediante una sanción, sentar un precedente e impedir nuevas acciones del mismo tenor. 

Para el asombro del demandante y de muchos de los que seguían este proceso, la jueza dictaminó que la "dudosa maternidad" no representaba ningún agravio y que, en consecuencia, el agraviante no era merecedor de sanción alguna. 

Si la frase es o no ofensiva, que lo es, no es lo relevante de este episodio. Lo que cuenta es que tal decisión avala y legitima todo lo que este impune personaje representa. La jueza golpeó la moral social, actuando en consonancia con el proceso revolucionario cuya finalidad es destruir no solo las instituciones, sino también sus valores fundamentales los que han sustentado la venezolanidad que tanto ha costado mantener. 

Si bien es cierto que en 13 años HCF ha avanzado mucho en el objetivo de la refundación, no ha sido suficiente. Para quienes adversan este proceso, 13 años representan un curso intensivo cuyo aprendizaje se pondrá en práctica en el por-venir cercano, las próximas elecciones: ¡si la lección se aprendió, las recomendaciones sobran! 

mayora.j@gmail.com



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                                     La inmoralidad tiene las patas carcomidas por la imbecilidad. Todo lo que sube baja, inexorablemente. Ya te llegará tu hora, chirulí...

miércoles, 9 de noviembre de 2011

PERROS RESCATISTAS Héroes anónimos del 11 de Septiembre de 2001 en Nueva York

Juan Yáñez

Serie Recordando a los héroes
La fiel mirada de un  perro de la raza Labrador que salvaron vidas el 11 de septiembre de 2001

Un especial y emocionado homenaje a estos perros que 
salvaron muchas vidas en aquel demencial 
atentado. Héroes anónimos merecedores de todos los 
honores que los hombres somos capaces de dar. 
Probablemente hoy,  muchos de ellos ya no estarán en este 
mundo, pero es nuestro deseo reconocerles su nobleza y voluntad de servicio y enviarles tanto a los que aún están aquí y a los que ya han partido, nuestra mayor gratitud y afecto.
                                    -----------------

Prosigue el artículo publicado por www.schnauzi.com el 10 de setiembre de 2011, en la WEB:

Tributo a los perros de rescate del 11S

·                                 Se acerca la conmemoración del décimo aniversario del 11S y echamos la vista atrás, recordando a los perros de rescate que han buscado sin descanso en los sitios afectados por los atentados.
Estos perros siempre creando esperanza y poniendo todo su empeño en las búsquedas, se merecen ser honrados, por eso con esta presentación queremos recordar a los verdaderos héroes de los atentados del 11 de Septiembre.
Ya que aunque han pasado 10 años, nosotros, todos los amantes de los animales, os recordamos y damos todo nuestro reconocimiento, desde cada punto geográfico en el que nos encontramos, a todas las unidades caninas que trabajaron en la zona cero, tanto las que siguen vivas como los que han fallecido.











material gráfico: mascotas.org   schnauzi.com

miércoles, 12 de octubre de 2011

Ambiente hostil contra las ONG


DENUNCIA

Quienes trabajan la materia ambiental se enfrentan también a las trabas que impone la polarización: negativa de permisos, cierre de acceso a información, restricciones al financiamiento. Por eso muchos prefieren el silencio. Por Oscar Medina

 El Universal de Caracas



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Fudeci es la organización civil que más experiencia acumula en proyectos de cría e investigaciones sobre tortugas y caimanes del Orinoco. Su zoocriadero en Amazonas hoy está sin uso porque el Ministerio de Ambiente cortó relaciones. Pero Fudeci sigue adelante con programas de cría de animales para las poblaciones del Sur del país FOTOS CORTESIA DE FUDECI

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Se estima que son poco más de un centenar las organizaciones civiles que trabajan asuntos de ambiente y ecología. Pero a la convocatoria del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas apenas respondieron tres para presentar ante ese mecanismo de evaluación global sus consideraciones sobre la situación venezolana. ¿Falta de interés? No precisamente. La condición pública de los informes hizo aflorar algo que desde hace rato se ha instalado en muchos sectores: el miedo. 

Algo de esto también se vio a mediados de año con la difusión de "Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela", un exhaustivo documento preparado por los miembros de la red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), que da cuenta -con una visión técnica- de múltiples fallas, al menos en los siete aspectos evaluados: disminución de biodiversidad, contaminación, residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, recursos hídricos, manejo de áreas protegidas y cambio climático. 

La exposición mediática de las conclusiones de ese estudio, presentadas por la prensa como una crítica frontal al desempeño de organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, hizo que -al menos en primera instancia- algunos miembros de ARA manifestaran intenciones de retirarse de la red para esquivar posibles confrontaciones con el Gobierno. 

"Claro que hay temor", reconoce María Eugenia Gil Beróes, docente universitaria y directora de la Fundación Aguaclara: "Cuando se le explicó a las organizaciones ambientalistas que los informes para el EPU serían públicos y que, además, el Estado venezolano iba a tener la oportunidad de leerlos antes de presentar su propio informe, hubo gente muy honesta que desde el principio dijeron que les daba temor aparecer criticando, que ya tenían suficientes problemas y que por ser organizaciones pequeñas no iban a poder soportar un enfrentamiento o sus represalias. Otros dijeron que sí iban a participar, pero pasaron los días y no hicieron nada". 

Finalmente, en asuntos de medioambiente para el EPU hubo apenas tres aportes de organizaciones no gubernamentales, o -mejor dicho- de la sociedad civil organizada: Aguaclara, Movimiento por la Calidad del Aire y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Fudeci. 

El texto presentado por Aguaclara -fundación activa desde el año 2000, denunciante de los riesgos del PVC presente en las Petrocasas- señala, de entrada, la violación a los derechos ambientales desde una perspectiva doble: el de las restricciones a las garantías de las organizaciones civiles independientes y la propia degradación del ambiente en el país. Para Aguaclara esas restricciones violentan los derechos a la libre asociación y a expresar opiniones abierta y públicamente y comunicar información; además del ejercicio a la contraloría social. 

El análisis de esta fundación apunta que al menos dos disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Popular aprobada en 2010 introducen normas que chocan contra el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución (Artículo 54). Se refiere a los artículos (7 y 8 de la LOPP) que hablan de impulsar la organización civil para construir el socialismo y que someten al reconocimiento del Ministerio del Poder Popular la existencia de estas organizaciones. 

De acuerdo a esto, se obliga "a las formas asociativas a asumir el socialismo como forma única de pensamiento, siendo que esta es la única manera en que serán reconocidas por el Estado, lo cual impide el ejercicio plural y democrático del pensamiento". 

Sobre la contraloría social señalan que si bien la Constitución contempla la libre participación ciudadana en asuntos públicos, los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información sobre asuntos públicos, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla el ejercicio de la contraloría sólo a las organizaciones del Poder Popular. 

Esto es, las autodenominadas socialistas y revolucionarias, excluyendo, en consecuencia, a aquellas que no circulen por ese carril. Aguaclara advierte: "nuestra Carta Magna no establece como inspiración 'valores socialistas' para el ejercicio de la contraloría social". 

Ley del hielo 

Ese llamado de atención no puede ser tomado a la ligera. La misma receta aplica a las organizaciones civiles que trabajan en otros tópicos de los derechos humanos. 

Y tanto eco ha tenido la queja común que entre las preguntas que algunas naciones -como Noruega, Canadá, Suiza y la República Checa- presentaron de manera pública al Estado venezolano en el marco de la EPU figuran algunas referidas a la posibilidad de restringir el financiamiento extranjero de las ONG, a preocupación por los intentos de silenciarlas y por el riesgo de que pierdan independencia. 

No se trata sólo de la amenaza que representa la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional promulgada en diciembre de 2010. En la práctica, salvo casos afortunados, las organizaciones civiles que laboran en pro del medio ambiente son ignoradas o torpedeadas por las autoridades nacionales. 

El caso de Fudeci es emblemático. Esta ONG fue fundada en 1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde 1992 trabajan en la cría de tortugas del Orinoco e incluso montaron el mayor criadero del país en su sede de Amazonas, con registros de liberación de hasta 40 mil animales por año. También se dedicaron a partir del año 2000 al trabajo con caimanes del Orinoco y en 2005 instalaron su propio zoocriadero para sacar adelante sus proyectos en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y tanto era el aporte de Fudeci, que su zoocriadero operaba como centro de acopio de tortuguillos y caimanes. 

El convenio con el Ministerio de Ambiente culminó en 2008: "Mandamos muchas comunicaciones para renovarlo o para saber por qué no seguíamos trabajando", dice Omar Hernández, director de Fudeci: "Y nunca recibimos respuesta. También hemos solicitado permisos para colectar ejemplares. No nos responden. Nuestra intención es ayudar, continuar con el programa, tenemos más de 15 años de experiencia en esto, pero ni siquiera nos contestan. El Ministerio cree que debe demostrar que puede hacerlo todo. Y lamentablemente, no puede". 

Y no sólo a Fudeci: "A muchas organizaciones no le responden sus solicitudes de permisos de caza científica, incluso a estudiantes e investigadores. Es como si no existiéramos. ". 

Mal momento 

En el documento de mayo, los miembros de la Red ARA reconocen como avance la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución y las nuevas leyes de protección ambiental. Pero advierten sobre el acelerado proceso de deterioro ambiental en el país y la gravedad de los problemas. 

Y ponen el dedo en el asunto de las ONG: "...algunos sectores del Gobierno venezolano han mantenido una política de exclusión y descalificación de la acción de muchas ONG ambientales del país, lo que ha llevado a un virtual cierre de los canales de diálogo, participación y trabajo conjunto". 

Hernández apunta: "El Ministerio de Ambiente debería aliarse a las ONG. Es imposible que haga todo solo. Y menos con los recursos con los que cuenta. Este año recibió apenas 1% del presupuesto nacional. Y el de Inparques representa 0,04% del total nacional. Eso es nada". 

2007 habría sido el año en el que se cayeron los puentes. En Bariloche (Argentina) se realizó un evento en el que se analizaba la situación de las áreas protegidas en el mundo, convocado por la Unión Mundial de la Naturaleza. La Comisión de Areas Protegidas de Venezuela encargó a Bioparques coordinar la recopilación y presentación de la información sobre Venezuela. Isabel Novo, de la ONG Vitalis, explica que Bioparques solicitó datos a las ONG conocedoras de la materia y también al Ministerio de Ambiente y a Inparques, pero no respondieron. 

"El informe se hizo sólo con la perspectiva de las ONG. Pero al llegar a Bariloche, encontramos que el Ministerio e Inparques llevaron su propia presentación", recuerda Novo: "Fue un momento incómodo. Al final se aclaró que el informe solicitado era el de la Comisión de Areas Protegidas, es decir, el de Bioparques. Y recomendaron unir la información de los dos". 

Para María Eugenia Gil Beróes, ese "choque" en Argentina determinó la ruptura de relaciones: "Era una delegación oficial intentando desmentir a las ONG. A partir de allí, el Ministerio del Ambiente cerró sus puertas a las ONG. Y cada vez se profundiza más esa diferencia entre el Gobierno y nosotros". 

Aguaclara era -o es- miembro del comité para la eliminación de los contaminantes orgánico persistentes (Convenio de Estocolmo), una tarea pendiente del Ministerio: "Desde hace cuatro años no nos llaman a las reuniones". Esa estrategia de ignorar a las organizaciones civiles tiene consecuencias importantes: "Las ONG buscan incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones", explica Gil Beróes: "Y si no logras eso, tu trabajo se pierde. Si las autoridades polarizan todo y dicen que no somos bien vistas y no podemos ni sugerir cosas, estamos perdiendo el derecho de los ciudadanos a participar". 

"Estamos muy mal en muchos aspectos", señala Novo: "Y los problemas deben ser atendidos en conjunto por el Gobierno, las ONG y las empresas. La gestión ambiental no debe tener connotaciones políticas. Esto nos afecta a todos". 


ommedina@eluniversal.com
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                                  La palabra para  proteger los valores éticos molesta a organismos que detentan poder y esta dirigidos por corruptos incurables. Porque tanta escoria, por no decir heces...

lunes, 25 de julio de 2011

Una ley injusta


Los precios "justos" no se logran amenazando a los empresarios con la FAN, la policía y las comunas

TRINO MÁRQUEZ |  EL UNIVERSAL
lunes 25 de julio de 2011  12:00 AM
El último invento del régimen para detener la "conspiración" de los malvados capitalistas que pretenden lucrarse con los bienes y servicios que fabrican o prestan es la Ley de Precios y Costos Justos, que busca determinar los precios "justos" a partir del establecimiento previo de los costes reales en los cuales el fabricante o el comerciante incurren durante la fase de fabricación del producto o de diseño del servicio prestado. Se alcanzó el desiderátum que Jorge Giordani, profesor de planificación centralizada durante décadas, buscaba: acumular toda la información que permita anticipar el futuro y dominarlo para que no se salga del cauce. 

Una de los rasgos fundamentales de los comunistas consiste en que se mueven inspirados por visiones maniqueas y conspirativas. La realidad se arma según los deseos de un grupo de gente que maneja unos hilos invisibles y los manipulan a capricho para decidir hacia dónde debe marcharse. Si esos buenos señores son socialistas, es porque fueron atraídos por la llama del altruismo, y entonces el mundo avanzará en la dirección justa. Por el contrario, si creen en la economía de mercado, portan el virus del interés egoísta, y, en consecuencia, lo que toquen estará plagado de taras. 

Con este prejuicio en mente el Gobierno aprobó la nueva ley, que le da continuidad a la Ley del Indepabis y a la Ley de Seguridad y Soberanía Agroalimentaria, previamente sancionadas. Esta batería de instrumentos -junto al control de cambios, al control de precios, al control de las tasas de interés y al resto de la larga lista de regulaciones ejercidas sobre la economía-, ha pretendido someter la inflación y la supuesta especulación que evapora el ingreso de los venezolanos. El resultado de todos estos mecanismos intimidatorios y punitivos ha sido muy distinto al esperado. La realidad no se ha adecuado al ritmo, ni a la dirección que el Gobierno autoritario deseaba imprimirle. 

Los controles y regulaciones asfixiantes han creado incentivos negativos y desestimulado la inversión privada agrícola e industrial. Los ajustes de precios burocráticos, los autorizados por el Gobierno, han resultado insuficientes y extemporáneos, la liquidación de las divisas por parte de Cadivi ha sido a destiempo, la inflación internacional, variable que el Ejecutivo no controla, se ha incorporado a la estructura de costos nacionales sin que el empresario pueda evitarlo. 

El Gobierno ignora y desprecia la experiencia aportada por los países más exitosos en el campo del crecimiento económico y la equidad social. En vez de estimular la producción y la productividad mediante el resguardo de la propiedad privada, mantiene a los empresarios particulares en continuo estado de jaque. En vez de propiciar la conformación de los precios de acuerdo con el orden espontáneo que debe caracterizar la economía de mercado, inventa reglamentos que coartan, constriñen la oferta y persiguen la "ganancia desmedida". 

Aparte de esta intervención abusiva, contraviene una de las normas aprendidas por todos los gobiernos que vivieron severos procesos inflacionarios en décadas pasadas: carece de disciplina fiscal. Por un lado, acorrala la oferta de bienes y servicios; por el otro, lanza al torrente circulatorio de la economía un volumen de bolívares que no guarda proporción con la masa de bienes y servicios existentes. Al igual que todo populismo, desliga la distribución de la producción, con lo cual obtiene un resultado inevitable: inflación. 

El fracaso del voluntarismo comunista resulta inocultable. Venezuela es el país con la mayor inflación del continente y con los niveles de creamiento más modestos, no obstante haber conocido el ciclo de expansión de los precios petroleros más largo del que se tenga memoria. La falla reside en los controles compulsivos y en la legislación punitiva aprobada por el régimen. Los precios "justos" no se logran amenazando a los empresarios con la FAN, la policía y las comunas, como propone Elías Jaua. 

La Ley de Costos y Precios Justos es un instrumento burocrático que incita al odio de clases y al revanchismo, y que se regodea con las multas, las inhabilitaciones y los cierres. Es una ley injusta y sádica. Este nuevo mamotreto se traducirá en consecuencias letales para la población más pobre, que paga esas insensateces con mayor desempleo, escasez e inflación. 

Quienes piensan que las pifias del Gobierno no son meros errores, sino parte de un plan de destrucción consciente, parecen tener razón. 

cedice@cedice.org.ve


EL BLOG OPINA

                                     Estamos de acuerdo el gobierno no comete errores, todo obedece a 

un plan sistemático para destruir; y a cabalidad lo están logrando. Sin embargo  todo tiene

 su límite. Amanecerá y veremos...  



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