DENUNCIA
Quienes trabajan la materia ambiental se enfrentan también a las trabas que impone la polarización: negativa de permisos, cierre de acceso a información, restricciones al financiamiento. Por eso muchos prefieren el silencio. Por Oscar Medina
El Universal de Caracas
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Fudeci es la organización civil que más experiencia acumula en proyectos de cría e investigaciones sobre tortugas y caimanes del Orinoco. Su zoocriadero en Amazonas hoy está sin uso porque el Ministerio de Ambiente cortó relaciones. Pero Fudeci sigue adelante con programas de cría de animales para las poblaciones del Sur del país FOTOS CORTESIA DE FUDECI
Se estima que son poco más de un centenar las organizaciones civiles que trabajan asuntos de ambiente y ecología. Pero a la convocatoria del Examen Periódico Universal de la Organización de las Naciones Unidas apenas respondieron tres para presentar ante ese mecanismo de evaluación global sus consideraciones sobre la situación venezolana. ¿Falta de interés? No precisamente. La condición pública de los informes hizo aflorar algo que desde hace rato se ha instalado en muchos sectores: el miedo.
Algo de esto también se vio a mediados de año con la difusión de "Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela", un exhaustivo documento preparado por los miembros de la red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), que da cuenta -con una visión técnica- de múltiples fallas, al menos en los siete aspectos evaluados: disminución de biodiversidad, contaminación, residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, recursos hídricos, manejo de áreas protegidas y cambio climático.
La exposición mediática de las conclusiones de ese estudio, presentadas por la prensa como una crítica frontal al desempeño de organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, hizo que -al menos en primera instancia- algunos miembros de ARA manifestaran intenciones de retirarse de la red para esquivar posibles confrontaciones con el Gobierno.
"Claro que hay temor", reconoce María Eugenia Gil Beróes, docente universitaria y directora de la Fundación Aguaclara: "Cuando se le explicó a las organizaciones ambientalistas que los informes para el EPU serían públicos y que, además, el Estado venezolano iba a tener la oportunidad de leerlos antes de presentar su propio informe, hubo gente muy honesta que desde el principio dijeron que les daba temor aparecer criticando, que ya tenían suficientes problemas y que por ser organizaciones pequeñas no iban a poder soportar un enfrentamiento o sus represalias. Otros dijeron que sí iban a participar, pero pasaron los días y no hicieron nada".
Finalmente, en asuntos de medioambiente para el EPU hubo apenas tres aportes de organizaciones no gubernamentales, o -mejor dicho- de la sociedad civil organizada: Aguaclara, Movimiento por la Calidad del Aire y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Fudeci.
El texto presentado por Aguaclara -fundación activa desde el año 2000, denunciante de los riesgos del PVC presente en las Petrocasas- señala, de entrada, la violación a los derechos ambientales desde una perspectiva doble: el de las restricciones a las garantías de las organizaciones civiles independientes y la propia degradación del ambiente en el país. Para Aguaclara esas restricciones violentan los derechos a la libre asociación y a expresar opiniones abierta y públicamente y comunicar información; además del ejercicio a la contraloría social.
El análisis de esta fundación apunta que al menos dos disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Popular aprobada en 2010 introducen normas que chocan contra el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución (Artículo 54). Se refiere a los artículos (7 y 8 de la LOPP) que hablan de impulsar la organización civil para construir el socialismo y que someten al reconocimiento del Ministerio del Poder Popular la existencia de estas organizaciones.
De acuerdo a esto, se obliga "a las formas asociativas a asumir el socialismo como forma única de pensamiento, siendo que esta es la única manera en que serán reconocidas por el Estado, lo cual impide el ejercicio plural y democrático del pensamiento".
Sobre la contraloría social señalan que si bien la Constitución contempla la libre participación ciudadana en asuntos públicos, los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información sobre asuntos públicos, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla el ejercicio de la contraloría sólo a las organizaciones del Poder Popular.
Esto es, las autodenominadas socialistas y revolucionarias, excluyendo, en consecuencia, a aquellas que no circulen por ese carril. Aguaclara advierte: "nuestra Carta Magna no establece como inspiración 'valores socialistas' para el ejercicio de la contraloría social".
Ley del hielo
Ese llamado de atención no puede ser tomado a la ligera. La misma receta aplica a las organizaciones civiles que trabajan en otros tópicos de los derechos humanos.
Y tanto eco ha tenido la queja común que entre las preguntas que algunas naciones -como Noruega, Canadá, Suiza y la República Checa- presentaron de manera pública al Estado venezolano en el marco de la EPU figuran algunas referidas a la posibilidad de restringir el financiamiento extranjero de las ONG, a preocupación por los intentos de silenciarlas y por el riesgo de que pierdan independencia.
No se trata sólo de la amenaza que representa la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional promulgada en diciembre de 2010. En la práctica, salvo casos afortunados, las organizaciones civiles que laboran en pro del medio ambiente son ignoradas o torpedeadas por las autoridades nacionales.
El caso de Fudeci es emblemático. Esta ONG fue fundada en 1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde 1992 trabajan en la cría de tortugas del Orinoco e incluso montaron el mayor criadero del país en su sede de Amazonas, con registros de liberación de hasta 40 mil animales por año. También se dedicaron a partir del año 2000 al trabajo con caimanes del Orinoco y en 2005 instalaron su propio zoocriadero para sacar adelante sus proyectos en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y tanto era el aporte de Fudeci, que su zoocriadero operaba como centro de acopio de tortuguillos y caimanes.
El convenio con el Ministerio de Ambiente culminó en 2008: "Mandamos muchas comunicaciones para renovarlo o para saber por qué no seguíamos trabajando", dice Omar Hernández, director de Fudeci: "Y nunca recibimos respuesta. También hemos solicitado permisos para colectar ejemplares. No nos responden. Nuestra intención es ayudar, continuar con el programa, tenemos más de 15 años de experiencia en esto, pero ni siquiera nos contestan. El Ministerio cree que debe demostrar que puede hacerlo todo. Y lamentablemente, no puede".
Y no sólo a Fudeci: "A muchas organizaciones no le responden sus solicitudes de permisos de caza científica, incluso a estudiantes e investigadores. Es como si no existiéramos. ".
Mal momento
En el documento de mayo, los miembros de la Red ARA reconocen como avance la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución y las nuevas leyes de protección ambiental. Pero advierten sobre el acelerado proceso de deterioro ambiental en el país y la gravedad de los problemas.
Y ponen el dedo en el asunto de las ONG: "...algunos sectores del Gobierno venezolano han mantenido una política de exclusión y descalificación de la acción de muchas ONG ambientales del país, lo que ha llevado a un virtual cierre de los canales de diálogo, participación y trabajo conjunto".
Hernández apunta: "El Ministerio de Ambiente debería aliarse a las ONG. Es imposible que haga todo solo. Y menos con los recursos con los que cuenta. Este año recibió apenas 1% del presupuesto nacional. Y el de Inparques representa 0,04% del total nacional. Eso es nada".
2007 habría sido el año en el que se cayeron los puentes. En Bariloche (Argentina) se realizó un evento en el que se analizaba la situación de las áreas protegidas en el mundo, convocado por la Unión Mundial de la Naturaleza. La Comisión de Areas Protegidas de Venezuela encargó a Bioparques coordinar la recopilación y presentación de la información sobre Venezuela. Isabel Novo, de la ONG Vitalis, explica que Bioparques solicitó datos a las ONG conocedoras de la materia y también al Ministerio de Ambiente y a Inparques, pero no respondieron.
"El informe se hizo sólo con la perspectiva de las ONG. Pero al llegar a Bariloche, encontramos que el Ministerio e Inparques llevaron su propia presentación", recuerda Novo: "Fue un momento incómodo. Al final se aclaró que el informe solicitado era el de la Comisión de Areas Protegidas, es decir, el de Bioparques. Y recomendaron unir la información de los dos".
Para María Eugenia Gil Beróes, ese "choque" en Argentina determinó la ruptura de relaciones: "Era una delegación oficial intentando desmentir a las ONG. A partir de allí, el Ministerio del Ambiente cerró sus puertas a las ONG. Y cada vez se profundiza más esa diferencia entre el Gobierno y nosotros".
Aguaclara era -o es- miembro del comité para la eliminación de los contaminantes orgánico persistentes (Convenio de Estocolmo), una tarea pendiente del Ministerio: "Desde hace cuatro años no nos llaman a las reuniones". Esa estrategia de ignorar a las organizaciones civiles tiene consecuencias importantes: "Las ONG buscan incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones", explica Gil Beróes: "Y si no logras eso, tu trabajo se pierde. Si las autoridades polarizan todo y dicen que no somos bien vistas y no podemos ni sugerir cosas, estamos perdiendo el derecho de los ciudadanos a participar".
"Estamos muy mal en muchos aspectos", señala Novo: "Y los problemas deben ser atendidos en conjunto por el Gobierno, las ONG y las empresas. La gestión ambiental no debe tener connotaciones políticas. Esto nos afecta a todos".
ommedina@eluniversal.com
Algo de esto también se vio a mediados de año con la difusión de "Aportes para un diagnóstico de la problemática ambiental de Venezuela", un exhaustivo documento preparado por los miembros de la red de Organizaciones Ambientalistas No Gubernamentales de Venezuela (Red ARA), que da cuenta -con una visión técnica- de múltiples fallas, al menos en los siete aspectos evaluados: disminución de biodiversidad, contaminación, residuos sólidos, impactos de la explotación petrolera, recursos hídricos, manejo de áreas protegidas y cambio climático.
La exposición mediática de las conclusiones de ese estudio, presentadas por la prensa como una crítica frontal al desempeño de organismos oficiales como el Ministerio de Ambiente y el Instituto Nacional de Parques, hizo que -al menos en primera instancia- algunos miembros de ARA manifestaran intenciones de retirarse de la red para esquivar posibles confrontaciones con el Gobierno.
"Claro que hay temor", reconoce María Eugenia Gil Beróes, docente universitaria y directora de la Fundación Aguaclara: "Cuando se le explicó a las organizaciones ambientalistas que los informes para el EPU serían públicos y que, además, el Estado venezolano iba a tener la oportunidad de leerlos antes de presentar su propio informe, hubo gente muy honesta que desde el principio dijeron que les daba temor aparecer criticando, que ya tenían suficientes problemas y que por ser organizaciones pequeñas no iban a poder soportar un enfrentamiento o sus represalias. Otros dijeron que sí iban a participar, pero pasaron los días y no hicieron nada".
Finalmente, en asuntos de medioambiente para el EPU hubo apenas tres aportes de organizaciones no gubernamentales, o -mejor dicho- de la sociedad civil organizada: Aguaclara, Movimiento por la Calidad del Aire y la Fundación para el Desarrollo de las Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales; Fudeci.
El texto presentado por Aguaclara -fundación activa desde el año 2000, denunciante de los riesgos del PVC presente en las Petrocasas- señala, de entrada, la violación a los derechos ambientales desde una perspectiva doble: el de las restricciones a las garantías de las organizaciones civiles independientes y la propia degradación del ambiente en el país. Para Aguaclara esas restricciones violentan los derechos a la libre asociación y a expresar opiniones abierta y públicamente y comunicar información; además del ejercicio a la contraloría social.
El análisis de esta fundación apunta que al menos dos disposiciones de la Ley Orgánica del Poder Popular aprobada en 2010 introducen normas que chocan contra el derecho a la libre asociación consagrado en la Constitución (Artículo 54). Se refiere a los artículos (7 y 8 de la LOPP) que hablan de impulsar la organización civil para construir el socialismo y que someten al reconocimiento del Ministerio del Poder Popular la existencia de estas organizaciones.
De acuerdo a esto, se obliga "a las formas asociativas a asumir el socialismo como forma única de pensamiento, siendo que esta es la única manera en que serán reconocidas por el Estado, lo cual impide el ejercicio plural y democrático del pensamiento".
Sobre la contraloría social señalan que si bien la Constitución contempla la libre participación ciudadana en asuntos públicos, los principios de responsabilidad, transparencia y rendición de cuentas y el derecho a la información sobre asuntos públicos, la Ley Orgánica de Contraloría Social contempla el ejercicio de la contraloría sólo a las organizaciones del Poder Popular.
Esto es, las autodenominadas socialistas y revolucionarias, excluyendo, en consecuencia, a aquellas que no circulen por ese carril. Aguaclara advierte: "nuestra Carta Magna no establece como inspiración 'valores socialistas' para el ejercicio de la contraloría social".
Ley del hielo
Ese llamado de atención no puede ser tomado a la ligera. La misma receta aplica a las organizaciones civiles que trabajan en otros tópicos de los derechos humanos.
Y tanto eco ha tenido la queja común que entre las preguntas que algunas naciones -como Noruega, Canadá, Suiza y la República Checa- presentaron de manera pública al Estado venezolano en el marco de la EPU figuran algunas referidas a la posibilidad de restringir el financiamiento extranjero de las ONG, a preocupación por los intentos de silenciarlas y por el riesgo de que pierdan independencia.
No se trata sólo de la amenaza que representa la Ley de Defensa de la Soberanía Política y la Autodeterminación Nacional promulgada en diciembre de 2010. En la práctica, salvo casos afortunados, las organizaciones civiles que laboran en pro del medio ambiente son ignoradas o torpedeadas por las autoridades nacionales.
El caso de Fudeci es emblemático. Esta ONG fue fundada en 1973 por la Academia de Ciencias Físicas, Matemáticas y Naturales. Desde 1992 trabajan en la cría de tortugas del Orinoco e incluso montaron el mayor criadero del país en su sede de Amazonas, con registros de liberación de hasta 40 mil animales por año. También se dedicaron a partir del año 2000 al trabajo con caimanes del Orinoco y en 2005 instalaron su propio zoocriadero para sacar adelante sus proyectos en convenio con el Ministerio de Ambiente. Y tanto era el aporte de Fudeci, que su zoocriadero operaba como centro de acopio de tortuguillos y caimanes.
El convenio con el Ministerio de Ambiente culminó en 2008: "Mandamos muchas comunicaciones para renovarlo o para saber por qué no seguíamos trabajando", dice Omar Hernández, director de Fudeci: "Y nunca recibimos respuesta. También hemos solicitado permisos para colectar ejemplares. No nos responden. Nuestra intención es ayudar, continuar con el programa, tenemos más de 15 años de experiencia en esto, pero ni siquiera nos contestan. El Ministerio cree que debe demostrar que puede hacerlo todo. Y lamentablemente, no puede".
Y no sólo a Fudeci: "A muchas organizaciones no le responden sus solicitudes de permisos de caza científica, incluso a estudiantes e investigadores. Es como si no existiéramos. ".
Mal momento
En el documento de mayo, los miembros de la Red ARA reconocen como avance la incorporación de los derechos ambientales en la Constitución y las nuevas leyes de protección ambiental. Pero advierten sobre el acelerado proceso de deterioro ambiental en el país y la gravedad de los problemas.
Y ponen el dedo en el asunto de las ONG: "...algunos sectores del Gobierno venezolano han mantenido una política de exclusión y descalificación de la acción de muchas ONG ambientales del país, lo que ha llevado a un virtual cierre de los canales de diálogo, participación y trabajo conjunto".
Hernández apunta: "El Ministerio de Ambiente debería aliarse a las ONG. Es imposible que haga todo solo. Y menos con los recursos con los que cuenta. Este año recibió apenas 1% del presupuesto nacional. Y el de Inparques representa 0,04% del total nacional. Eso es nada".
2007 habría sido el año en el que se cayeron los puentes. En Bariloche (Argentina) se realizó un evento en el que se analizaba la situación de las áreas protegidas en el mundo, convocado por la Unión Mundial de la Naturaleza. La Comisión de Areas Protegidas de Venezuela encargó a Bioparques coordinar la recopilación y presentación de la información sobre Venezuela. Isabel Novo, de la ONG Vitalis, explica que Bioparques solicitó datos a las ONG conocedoras de la materia y también al Ministerio de Ambiente y a Inparques, pero no respondieron.
"El informe se hizo sólo con la perspectiva de las ONG. Pero al llegar a Bariloche, encontramos que el Ministerio e Inparques llevaron su propia presentación", recuerda Novo: "Fue un momento incómodo. Al final se aclaró que el informe solicitado era el de la Comisión de Areas Protegidas, es decir, el de Bioparques. Y recomendaron unir la información de los dos".
Para María Eugenia Gil Beróes, ese "choque" en Argentina determinó la ruptura de relaciones: "Era una delegación oficial intentando desmentir a las ONG. A partir de allí, el Ministerio del Ambiente cerró sus puertas a las ONG. Y cada vez se profundiza más esa diferencia entre el Gobierno y nosotros".
Aguaclara era -o es- miembro del comité para la eliminación de los contaminantes orgánico persistentes (Convenio de Estocolmo), una tarea pendiente del Ministerio: "Desde hace cuatro años no nos llaman a las reuniones". Esa estrategia de ignorar a las organizaciones civiles tiene consecuencias importantes: "Las ONG buscan incidir en las políticas públicas, en la toma de decisiones", explica Gil Beróes: "Y si no logras eso, tu trabajo se pierde. Si las autoridades polarizan todo y dicen que no somos bien vistas y no podemos ni sugerir cosas, estamos perdiendo el derecho de los ciudadanos a participar".
"Estamos muy mal en muchos aspectos", señala Novo: "Y los problemas deben ser atendidos en conjunto por el Gobierno, las ONG y las empresas. La gestión ambiental no debe tener connotaciones políticas. Esto nos afecta a todos".
ommedina@eluniversal.com
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La palabra para proteger los valores éticos molesta a organismos que detentan poder y esta dirigidos por corruptos incurables. Porque tanta escoria, por no decir heces...
